La Corte Suprema de Justicia de la Nación enfrenta un volumen significativo de demandas de provincias, incluyendo Salta, por un total cercano a los dos billones de pesos en 2025. Estas demandas, que abarcan desde deudas previsionales hasta disputas por fondos de coparticipación, incluyen reclamos de Salta por la falta de transferencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Aunque muchas de estas causas comenzaron antes de la actual gestión nacional, la Corte Suprema debe resolver estos conflictos, que representan un desafío financiero para el Estado. Este escenario subraya la importancia del rol de la Corte como árbitro en disputas federales, con implicaciones para la distribución de recursos en Argentina.
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