Libertad Restituida
La palabra "libertad" resuena con una fuerza particular en los pasillos de tribunales. Para la mayoría, es un concepto abstracto, un derecho que se da por sentado. Para nosotros, los abogados penalistas, y especialmente para quienes se ven inmersos en un proceso penal, la libertad se materializa: tiene el sonido de una puerta que se abre, el calor de un abrazo esperado y la luz de un martes por la tarde que promete, por fin, un retorno a la normalidad.
En el Estudio Jurídico Vuistaz & Asociados, concebimos cada caso como un desafío a la inteligencia estratégica y un compromiso inquebrantable con las garantías constitucionales.
Recientemente, tuvimos la inmensa satisfacción profesional y humana de obtener la libertad para uno de nuestros clientes, una persona cuya vida quedó en suspenso, sujeta a la incertidumbre de una medida de coerción que amenazaba con prolongarse injustamente.
La Delgada Línea entre la Cautela y el Prejuicio
La situación de nuestro cliente era compleja. Se enfrentaba a una imputación que, en la valoración preliminar de la fiscalía, justificaba la aplicación de la medida más gravosa para un ciudadano durante el proceso: la prisión preventiva. Los argumentos esgrimidos se centraban en los denominados "riesgos procesales", presunciones sobre un posible entorpecimiento de la investigación o un eventual riesgo de fuga que, de no ser controvertidos con solidez, hubieran sellado su suerte tras las rejas mientras el proceso avanzaba.
El desafío para nuestra defensa no era menor. Se trataba de desmantelar, con la lógica del derecho y la fuerza de los hechos, una construcción hipotética. En estas audiencias, la balanza de la justicia es particularmente sensible; se sopesa la potestad estatal de investigar un delito frente al derecho fundamental de toda persona a transitar el proceso en libertad. Este último, no lo olvidemos, es la regla, y su restricción, una excepción de interpretación restrictiva.
La Estrategia como Llave Maestra
Nuestra labor se enfocó en demostrar con argumentos fácticos y jurídicos que los fines del proceso estaban plenamente garantizados sin necesidad de recurrir al encierro cautelar. La estrategia del Estudio no consistió en una negativa abstracta, sino en la construcción de una contra-argumentación sólida, probando el arraigo de nuestro cliente, su conducta procesal intachable hasta la fecha y la inexistencia de elementos objetivos que permitieran inferir una voluntad de obstaculizar la justicia.
Es en estos momentos donde la doctrina y la Constitución Nacional adquieren una vigencia palpable. El principio de inocencia, consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, no es una mera declaración lírica, sino un mandato imperativo para los jueces. Como bien enseña la doctrina constitucionalista, el estado de inocencia debe ser tratado como una verdad provisional que solo una sentencia condenatoria firme puede destruir (Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada). Por tanto, la prisión preventiva no puede operar como un adelanto de pena, sino como una herramienta de ultima ratio, absolutamente indispensable y proporcional.
La resolución del juez, al hacer lugar a nuestro planteo y disponer la inmediata libertad, no fue un acto de benevolencia, sino de estricta justicia. Fue el reconocimiento de que una defensa técnica activa, diligente y preparada es el contrapeso necesario para evitar que la sospecha se convierta en castigo y que la cautela procesal derive en una pena anticipada.
Reflexión Personal del Dr. Luis Alberto Vuistaz
Recuerdo la tensión contenida en la sala de audiencias. En esos instantes, el peso de la responsabilidad es inmenso. No se trata simplemente de ganar un debate jurídico; se trata de la vida, el honor y el futuro de una persona que ha depositado en uno toda su confianza. Para mí, cada vez que un cliente recupera su libertad, se reafirma el sentido más profundo de esta profesión.
La decisión judicial que restituyó a mi cliente a su familia el pasado 30 de septiembre es una victoria del sistema de garantías en su conjunto. Demuestra que, incluso en contextos adversos, la solidez de un argumento y la convicción en los principios del debido proceso pueden prevalecer.
Como abogado defensor, mi función no es entorpecer la justicia, sino asegurar que esta sea justa, que cada paso del proceso respete escrupulosamente los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos, sin distinción. Esa es, y será siempre, nuestra mayor causa.
Si usted o una persona cercana se encuentra atravesando una situación procesal compleja, es fundamental contar con un asesoramiento legal especializado desde el primer momento. En el Estudio Jurídico Vuistaz & Asociados estamos comprometidos con la defensa rigurosa de sus derechos constitucionales. Contáctenos para una consulta.