Una Defensa Estratégica
Tartagal, 5 de septiembre de 2025. – El día de la fecha, este Estudio Jurídico, a través de la labor del Dr. Luis Alberto Vuistaz, ha obtenido la libertad inmediata de un ciudadano que se encontraba bajo prisión preventiva desde hace casi un año, en el marco de una causa de alta complejidad por supuestos delitos de abigeato calificado y asociación ilícita. La grave naturaleza del caso se reflejaba en la elevada penalidad en abstracto que enfrentaba el imputado, lo que tornaba la obtención de su libertad un desafío procesal de máxima exigencia.
Es importante remarcar que este Estudio asumió la defensa técnica del imputado tras la infructuosa intervención de representaciones letradas anteriores, que no habían logrado modificar su gravosa situación procesal. Nuestra intervención marcó un punto de inflexión inmediato: en una primera instancia, se logró morigerar la prisión preventiva a un arresto domiciliario; y ahora, se ha culminado el proceso de recupero de la libertad con la revocación total de la medida de coerción. Este resultado no es una concesión, sino la consecuencia directa de una estrategia defensiva que logró evidenciar la insostenibilidad de la medida de coerción, conforme a los principios rectores de nuestro ordenamiento procesal.
Análisis de la Causa:
Desde su detención el 5 de septiembre de 2024, nuestro asistido fue sometido a la medida más gravosa que prevé el sistema penal. Sin embargo, un análisis del legajo de investigación permitió a esta defensa advertir una notoria debilidad en la plataforma probatoria que sustentaba la acusación fiscal.
La imputación se erigía casi exclusivamente sobre un único testimonio de cargo, el cual, al ser examinado, reveló carecer de la certeza necesaria. El propio testigo reconoció que su señalamiento no se basaba en una percepción directa, sino en inferencias y comentarios de terceros, manifestando expresamente: "...yo no quise decir que yo los vi con mis propios ojos, son como suposiciones...". Esta endeble andamia probatoria se veía agravada por la absoluta ausencia de prueba material que vinculara a nuestro defendido con el hecho: los allanamientos practicados en su domicilio arrojaron resultados negativos, sin hallarse armas, efectos del delito o cualquier otro elemento incriminatorio.
El Principio de Igualdad y un Precedente Decisivo
Un vector determinante en nuestra estrategia fue la invocación de un precedente clave dentro de la misma causa. Con fecha 24 de octubre de 2024, el Tribunal de Impugnación había revocado la prisión preventiva de otros coimputados, al considerar que la evidencia en su contra no superaba el "mero estado de sospecha" y se fundaba en simples "rumores".
Esta defensa planteó, en consecuencia, la flagrante violación al principio de igualdad: resultaba jurídicamente insostenible mantener privado de su libertad a nuestro cliente con una base probatoria idéntica a la que ya había sido juzgada como insuficiente por un tribunal superior para otros partícipes.
Cese de los Presupuestos Cautelares
Conforme al Art. 386 del Código Procesal Penal de Salta (CPPS), la prisión preventiva exige la concurrencia de riesgos procesales (peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación).
Esta defensa demostró su total inexistencia:
Sujeción al Proceso: El cumplimiento ejemplar acreditó de manera fehaciente la voluntad de nuestro asistido de someterse al proceso.
Desproporcionalidad: Las pericias pendientes (balísticas y sobre teléfonos) no guardaban relación alguna con nuestro cliente, tornándose irrazonable supeditar su libertad a la producción de pruebas que le eran ajenas.
La Garantía del Debido Proceso
La resolución judicial que hoy ordena la libertad de nuestro defendido reafirma que la privación de libertad durante el proceso es una medida de ultima ratio, que cede cuando la acusación carece de sustento probatorio sólido y los riesgos procesales no se acreditan de forma concreta.
Este éxito procesal es el reflejo del compromiso de nuestro Estudio con una defensa técnica, rigurosa y estratégica, enfocada en hacer valer las garantías constitucionales en cada etapa del proceso penal.